miércoles, 29 de junio de 2011

OCNF celebra la aprobación de la tipificación del feminicidio en la Ciudad de México

  La tipificación aprobada garantizará el debido tratamiento a los asesinatos violentos de mujeres en el DF

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) reconoce el compromiso de los 41 diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que votaron a favor de la tipificación del feminicidio como un delito autónomo y de acreditación objetiva.
La tipificación aprobada es un paso para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de feminicidio y sus familiares debido a que:

· Esta reforma busca, no sólo elevar las penas, sino dar un tratamiento integral y especializado a este tipo de conductas
· Da cumplimiento a la sentencia Campo Algodonero
· Obliga a la creación de protocolos de investigación con perspectiva de género (resolutivo 18 de la sentencia Campo Algodonero)
· Obliga a la Procuraduría General y al Tribunal Superior de Justicia del DF a capacitar continuamente al personal encargado de implementar los protocolos de investigación pericial, ministerial y policial
· Obliga a la creación de un banco de datos de información genética de mujeres desaparecidas o asesinadas no identificadas (resolutivo 21 de la sentencia Campo Algodonero)
· Contribuye en garantizar a las mujeres el acceso a la justicia en los procedimientos penales, que antes de esta reforma, eran entorpecidos debido a las prácticas discriminatorias y utilización de estereotipos por los operadores de justicia

Cabe señalar que la aprobación de la tipificación responde a la reciente reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, que eleva a rango constitucional el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado Mexicano establecidas en tratados internacionales, específicamente en materia de discriminación y violencia contra las mujeres.
Es importante mencionar que esta reforma es resultado del compromiso por parte del Inmujeres DF, del Gobierno del Distrito Federal, la Procuraduría General de Justicia del DF, la Comisión de Feminicidio, el Tribunal Superior de Justicia del DF y el trabajo en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, quienes el pasado 8 de marzo presentaron la iniciativa de ley, hoy aprobada, para tipificar el feminicidio y establecer los lineamientos mínimos para la investigación eficaz de estos crímenes en la Ciudad de México. 
Finalmente el OCNF hace un llamado a las entidades federativas a tipificar el feminicidio tomando como referente los tipos penales aprobados recientemente en Morelos y el Distrito Federal, los cuales son resultado del trabajo de las organizaciones y expertas en el tema en el marco del cumplimiento de la sentencia Campo Algodonero.

sábado, 25 de junio de 2011

Morelos castiga feminicidio hasta con 70 años de cárcel

Es el quinto estado del país en tipificar el delito

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF, 23 jun 11 (CIMAC).- El Congreso de Morelos aprobó hoy por unanimidad la tipificación del feminicidio en los códigos Penal y de Procedimientos Penales del estado, para que los asesinatos violentos de mujeres se reconozcan, se castiguen y disminuyan.

Así lo señaló la abogada Patricia Bedolla, vicecoordinadora nacional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer (Cladem), quien informó a Cimacnoticias que además de las modificaciones a ambos códigos se adicionó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Morelos.

La reforma, presentada por la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, del Partido del Trabajo (PT), reconoce el feminicidio como un delito autónomo que puede comprobarse a través de siete hipótesis por las que se considera que el asesinato fue por razones de género, indicó la también integrante de la coordinación ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Así, el feminicidio en Morelos se puede acreditar bajo cualquiera de esas hipótesis, que consisten en que haya una relación de parentesco o relación de hecho (noviazgo, cónyuge, entre otras) entre el agresor y la víctima, o que exista una relación laboral o de cualquier otro tipo que implique confianza, superioridad o subordinación.

También será posible probar este delito cuando la víctima presente señales de violencia sexual, lesiones previas o posteriores a su muerte, si su cuerpo fue arrojado a la vía pública, o si previo a su homicidio sufrió amenazas, acoso o fue incomunicada.

El feminicidio, que desde ahora forma parte del catálogo de delitos graves, será sancionado con penas de 30 a 70 años de prisión, refirió Patricia Bedolla, quien celebró el contenido de la reforma — elaborada con el aporte de las organizaciones locales— y la disposición del Congreso morelense.

Morelos es la quinta entidad federativa que tipifica este delito. El martes pasado el Congreso de Tamaulipas aprobó la inclusión del feminicidio en sus códigos Penal y de Procedimientos Penales, modificación que también realizaron los estados de Guerrero, Estado de México y Guanajuato.

La activista expresó su satisfacción porque las y los legisladores de los siete grupos parlamentarios de Morelos “no sólo se quedaron con la reforma a los códigos penales para sancionar el feminicidio, sino que mediante la reforma a la Ley de Acceso se generan políticas públicas de prevención”.

La reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para Morelos está dirigida a las atribuciones de la Procuraduría General de Justicia estatal y entre otros cambios se establece la necesidad de capacitar al personal de esa dependencia en Derechos Humanos (DH) desde un enfoque de género.

También se incluyeron algunas de las disposiciones que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) al Estado mexicano en la sentencia de Campo Algodonero, por tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como el registro público de delitos cometidos contra las mujeres.

Entre las disposiciones que ahora están en la Ley General de Morelos están la elaboración de una página de internet donde se encuentren los datos de mujeres y niñas desaparecidas; la creación y aplicación de protocolos de investigación especializados con perspectiva de género para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, casos de feminicidio y de violencia sexual.

Asimismo, la legislación incluyó que la Procuraduría local debe crear un banco de información genética de las mujeres y niñas desaparecidas y de sus familiares para que puedan ser identificadas.

Con este avance desde el ámbito legislativo, la defensora de DH recalcó: “El trabajo del Congreso está hecho, ahora falta que el Ejecutivo aplique la normatividad. No queremos un elefante blanco”.

Ahora, dijo, después de dar la lucha por la inclusión del delito en los códigos penales de la entidad, “vamos a estar vigilantes” de que las autoridades morelenses cumplan con los ordenamientos, que tienen como finalidad la disminución de los casos de feminicidio, que en lo que va de 2011 suman 22.

De enero de 2009 a junio de 2010 se registraron 44 casos de feminicidio en el estado, según el OCNF, con base en información oficial.

Patricia Bedolla concluyó que “aún queda camino por andar” para que cesen los casos de feminicidio y las víctimas tengan acceso a la justicia. Muestra de ello es que el 70 por ciento de los casos queda impune, y el restante 30 por ciento son casos juzgados que en su mayoría obtienen sentencias absolutorias.

11/GCJ/RMB/LGL

viernes, 24 de junio de 2011

-- Norma Ledezma exige cumplir sentencia de Campo Algodonero

Demandan a Felipe Calderón fin a “simulación” en DH
 
Por Rafael Maya Barradas

México, DF, 23 jun 11 (CIMAC).- La fundadora de Justicia para Nuestras Hijas, Norma Ledezma, exigió a Felipe Calderón ponga fin a la “simulación” de su gobierno en materia de Derechos Humanos (DH) de las mujeres, y cumpla ya la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre el asesinato de tres jóvenes en Campo Algodonero, Ciudad Juárez.

Al participar en el diálogo sobre seguridad entre autoridades federales y representantes de la sociedad civil, Ledezma le recordó a Calderón que antes de ser asesinada, la activista Marisela Escobedo le solicitó audiencia para demandarle justicia por el homicidio de su hija Rubí Marisol Frayre, pero “usted no la recibió”.

“Ella ubicó al asesino de su hija, (él) vivía en Zacatecas y la Policía Federal lo protegió y lo sigue protegiendo por el involucramiento de las corporaciones con los criminales. Es cierto que Sergio Rafael Barraza Bocanegra asesinó a Rubí, es cierto que la incompetencia de los jueces del Estado lo dejaron libre, pero también es cierto que la Policía Federal lo sigue protegiendo”, acusó la activista.

En el alcázar del Castillo de Chapultepec –lugar del encuentro–, Calderón estuvo acompañado de varios funcionarios federales, entre ellos el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna –responsable de la Policía Federal–, y el titular de Gobernación, Francisco Blake Mora.

“El incumplimiento de la sentencia del Campo Algodonero, que además obliga al Estado mexicano, es la muestra de la política de simulación del gobierno en el tema de los Derechos Humanos de las mujeres”, lanzó Norma Ledezma.

Los cuerpos de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal fueron hallados en el predio conocido como Campo Algodonero entre el 6 y7 de noviembre de 2001.

Ledezma abundó que el caso de su hija Paloma Escobar, desaparecida y asesinada en Ciudad Juárez en marzo de 2002, está en proceso de llegar a la CoIDH “ante la indolencia del Estado y la insensibilidad a nuestro sufrimiento”. Subrayó que será el segundo caso de feminicidio por el que podría ser sentenciado el Estado mexicano por la Corte interamericana.

Paloma Ángelica Escobar, hija de Norma Ledezma, desapareció a los 16 años de edad el 2 de marzo de 2002. El 29 de ese mismo mes fue encontrada muerta.

El 30 de diciembre de 2003, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual le da entrada el 14 de marzo de 2006. Ahora está pendiente de llegar a la CoIDH para un eventual veredicto.

Ante Calderón y funcionarios federales, Ledezma añadió que el 28 de junio (dentro de cinco días) el Estado mexicano comparecerá ante la CoIDH por el incumplimiento de las medidas provisionales por la desaparición forzada por parte de militares de Nitza Paola, Rocío y José Ángel Alvarado.

“Es el primer caso de su gobierno, el primero del Operativo Conjunto Chihuahua por el incumplimiento de las medidas provisionales”, remarcó la fundadora de Justicia para Nuestras Hijas, organización pionera en la demanda de castigo a los responsables del feminicidio en Ciudad Juárez

Sobre la situación en la localidad fronteriza, Norma Ledezma, afirmó que el delito de trata “es tan real como lo es la indiferencia de quienes investigan; hemos presentado casos concretos a la SIEDO… sin embargo hasta esta fecha no ha pasado nada”.

Puso los ejemplos de Yanira Zaire y Adriana Sarmiento, mujeres desparecidas y al parecer víctimas de redes de trata. “No son sólo cifras, señor, son mujeres desaparecidas que tenían una vida por delante, pero debido a que la impunidad ampara y protege a los delincuentes, desconocemos el destino de estas jovencitas y esto es en toda la República Mexicana”, subrayó.

“Ignoro si a usted le queda claro la realidad de este país, la realidad del pueblo mexicano. En cada hogar donde nos falta un miembro en nuestra familia, asesinado o desaparecido, jamás… jamás la vida es igual”, dijo Ledezma a Felipe Calderón ante la mirada de otros activistas –entre ellos el poeta Javier Sicilia–, funcionarios y la presidenta del DIF nacional, Margarita Zavala.

La luchadora social exigió el cumplimiento de las demandas de las organizaciones de mujeres de Juárez y Chihuahua, entre ellas: creación de un banco de información genética de ADN de familias de víctimas a nivel nacional; que la PGR atraiga los casos paradigmáticos que presentó la Caravana del Consuelo; y la instauración de fiscalías especializadas en feminicidio y delitos de género en cada estado, entre otras.

“Un deseo suyo, señor Presidente, es una orden para su gente. Le pido que delante de todo este público como testigo y de México, de la nación completa, nos responda. Y si nos dice que no, nos diga por qué y si nos dice que sí, nos diga cuándo”, concluyó Ledezma.

En respuesta, Francisco Blake Mora se comprometió a revisar en forma personal el cumplimiento de la sentencia de la CoIDH en el caso Campo Algodonero. Informó que en breve se llevará a cabo una reunión al respecto.

Sin dar más detalle, el secretario de Gobernación expuso que se iniciaron 62 procedimientos administrativos sancionadores ante la Secretaría de la Contraloría de Chihuahua y se aplicaron 26 actos sancionadores.

“Hay una serie de acciones... que estamos trabajando respecto de la propia sentencia y yo me comprometo con usted a revisarla a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos para darle un seguimiento puntual a la misma", ofreció a Norma Ledezma.

Cabe recordar que en diciembre de 2010 venció el plazo establecido por la Corte para la creación del Memorial a las víctimas de feminicidio, y la celebración del acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional que hasta ahora no se ha realizado, pero de eso Blake Mora no dijo nada.

11/RMB/LGL

miércoles, 15 de junio de 2011

Piden a GDF crear unidad especializada contra feminicidio

  -- Urgen a ALDF a aprobar tipificación

Por Anayeli García Martínez

México, DF, 15 jun 11 (CIMAC).- Organizaciones civiles y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reiteraron la importancia de tipificar el feminicidio y exhortaron al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, a crear una unidad especializada que investigue este tipo de violencia extrema contra las mujeres.

En conferencia de prensa, agrupaciones defensoras de las mujeres llamaron a Ebrard y al procurador de Justicia del DF, Miguel Ángel Mancera, para que implementen un registro público de los delitos cometidos contra las capitalinas y una unidad encargada de investigar el feminicidio que ha dejado al menos 111 víctimas en 2010, según cifras oficiales.

La CDHDF, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) también exigieron a las y los legisladores locales que convoquen a un periodo extraordinario para aprobar la tipificación del feminicidio en el DF.

Luego de que el pasado 8 de marzo Marcelo Ebrard envió a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) una iniciativa para reformar los códigos Penal y de Procedimientos Penales, el pasado 9 de junio las Comisiones de Equidad y Género y de Administración y Procuración de Justicia aprobaron un dictamen para tipificar el delito de feminicidio.

Sin embargo, en ese dictamen no se incluyeron las reformas a los artículos 26 y 58 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a través de las cuales se pretendía establecer la obligación de realizar estudios estadísticos e investigaciones sobre delitos contra las capitalinas y crear una unidad especializada para la investigación del feminicidio.

Con las reformas a estos artículos también se pretendía establecer la obligación de especializar y ofrecer capacitación sobre Derechos Humanos (DH) y perspectiva de género –a través de programas y cursos permanentes– a las y los agentes del Ministerio Público, peritos y demás personal que atiende a víctimas de violencia.

De acuerdo con el primer visitador de la CDHDF, Mario Patrón Sánchez, lo anterior es de relevancia ya que durante 2010 y el primer semestre de 2011 este organismo recibió 136 quejas de mujeres víctimas de violencia que no recibieron atención adecuada por parte de instituciones como la PGJDF, la Secretaría de Seguridad Pública o el Tribunal de Justicia capitalino.

Patrón Sánchez explicó que la aprobación de esta iniciativa ayudará a erradicar los patrones de discriminación y las condiciones de desigualdad “de facto y de derecho” entre mujeres y hombres.

Recordó que el Estado mexicano tiene tres sentencias condenatorias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se refieren a la violencia contra las mujeres: dos por la violación sexual de las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo, y otro más por tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Durante su participación, Erick Monterrosas, hermano de Alí Cuevas –una joven de 24 años que en septiembre de 2009 fue asesinada de 26 puñaladas por su ex novio– lamentó que el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la ALDF, Julio César Moreno, se opusiera a la creación de los protocolos de investigación del feminicidio. “No tiene ni la menor idea de lo que tenemos que pasar las familias”, acusó.

Criticó que en los casos de feminicidio generalmente hay dos tipos de perpetradores: “Uno, quien lo comete materialmente y dos, quien desde su posición en el aparato de impartición de justicia refuerza inequidades estructurales que hacen permisible que más mujeres sean asesinadas”.

El visitador señaló que el primer tipo de perpetrador es el que con su violencia consuma el acto de muerte mientras que el segundo tipo es menos visible, normalmente un MP, juez, policía, perito, legislador, aquel que –afirmó– con su acción deliberada, omisión o desdén incurre en violencia de género institucional.

Por ello hizo un llamado a tomar acciones a favor de las mujeres: “Como sociedad tenemos el imperativo de eliminar la falacia de que el feminicidio es sólo un problema de las mujeres muertas. Tipificando, ciudadanas y ciudadanos mandaremos un mensaje a los feminicidas: ‘El asesinato de una mujer no es tolerable bajo ninguna circunstancia’”.

María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, reiteró el llamado a la ALDF para que convoque a un periodo extraordinario de sesiones y se apruebe este dictamen, ya que de lo contrario, dijo, se puede quedar en la congeladora.

11/AGM/RMB