martes, 23 de noviembre de 2010

EXIGIMOS ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS Y JUSTICIA

Por medio de la presente, las organizaciones y personas que suscribimos, manifestamos nuestro absoluto apoyo y solidaridad con los familiares de Carmen Selene Moreno Zazueta, de 36 años; Mariana López Soto, de 24 años; Verónica Gabriela Picos Bastidas, 22 años; Claudia Janeth Bernal Delgado, de 25 años; Karla Judith González Zapata, 25 años y Rosa Imelda Félix Gamboa de 40 años, mujeres trabajadoras que por desgracia perdieron sus vidas el pasado martes 9 de noviembre en el incendio de la tienda Coppel-Hidalgo en Culiacán, Sinaloa.

Manifestamos asimismo nuestra indignación frente a las irregularidades en que operaba la tienda Coppel-Hidalgo y que derivaron en la tragedia dolorosa e injusta, así como ante la omisión de las instancias gubernamentales encargadas de supervisar que los establecimientos cumplan con las normas y garanticen la seguridad a trabajadores y clientes.

Exigimos a las autoridades competentes:

1. Se investigue hasta las últimas consecuencias lo sucedido en la tienda Coppel-Hidalgo y se sancione a quienes resulten responsables de la tragedia.

2. Se realice la investigación de los hechos de manera exhaustiva, independiente e imparcial y se finquen responsabilidades.

3. Se realice la vigilancia y supervisión de las instalaciones de todas las tiendas Coppel y demás empresas en la entidad y se garantice la no repetición de estos hechos.

4. Que se fortalezcan las capacidades estatales para vigilar el adecuado funcionamiento de establecimientos e instituciones públicas.

5. Que como parte de la acción de la justicia, se repare el daño material, psicológico y de salud para sus familiares.

6. Que se cree un fideicomiso para cubrir los gastos de alimentos, vestido, salud y educación de las hijas e hijos de las víctimas.

7. Que el Congreso del Estado de Sinaloa constituya una Comisión de seguimiento hasta el esclarecimiento del caso y la reparación del daño.

Exigimos a la empresa Coppel atender cabalmente los resultados del peritaje de las instancias competentes; asimismo, apelamos a su conciencia humanitaria para atender de manera ejemplar su compromiso moral con los deudos de las víctimas.

domingo, 21 de noviembre de 2010

Caminata por la no violencia hacia las mujeres

Acción concertada de autoridades, negar feminicidio: Monárrez

VIOLENCIA
 
-- Problemática de todo el país y además no se aplica la justicia
 
Por Nadia Altamirano Díaz, corresponsal
 
Oaxaca, Oax, 19 nov. 10 (CIMAC).- La insistencia 
de las autoridades estatales por negar la 
existencia del feminicidio (asesinato de mujeres 
por el hecho de serlo), representa para la 
investigadora Julia Monárrez Fragoso, una "acción 
concertada" para que esta problemática social se 
mantenga "en un bajo perfil", a pesar de que en todo el país va en aumento:
 
"El feminicidio en el país tiende a incrementarse 
y a invisibilizarse por parte de los estados en 
su conjunto. El feminicidio es una expresión que 
se da en todas partes, más allá de ciudad Juárez. 
En este país no se aplica la justicia.
 
México como nación perdió el rumbo de la justicia 
hace muchos años. El asesinato es un indicador de 
violencia; los homicidios y el feminicidio son 
muy altos, pero no sabemos si los asesinos 
cumplen condenas por ello", manifestó.
 
Al dictar su conferencia magistral "Elementos de 
análisis para conceptualizar el daño a las 
víctimas y reposicionar el valor de la vida", la 
doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en 
mujeres y relaciones de género por la Universidad 
Autónoma Metropolitana, puso como ejemplo lo que 
ocurre en Ciudad Juárez, Chihuahua.
 
En dicha entidad, dijo, donde a pesar de que se 
creó una fiscalía especializada para combatir el 
feminicidio, en lo que va del año ésta sólo ha 
registrado 11 casos cuando se conocen más de 200.
 
La investigadora, quien es originaria de Ciudad 
Juárez, ha estudiado el feminicidio en esa zona 
del norte del país y ha creado una base de datos 
que permite saber que de 1999 al 2007 ahí han 
sido asesinadas 500 adolescentes y mujeres. Del 
2008 a hace apenas tres semanas sumaban casi la misma cantidad: 589 mujeres.
 
NIEGAN EN OAXACA FEMINICIDIO
 
Entrevistada por separado, la procuradora General 
de Justicia del Estado, María de la Luz 
Candelaria Chiñas, negó que en Oaxaca exista el 
feminicidio porque "es un prototipo penal que 
establece que se priva de la vida a las mujeres 
por un problema de género y en Oaxaca el análisis 
que tenemos de todos los homicidios nos arrojan 
que las causas o el móvil han sido diversos, unos 
son problemas de asalto, de violencia,  de accidentes o suicidio".
 
Sin proporcionar cifras por no tener "el número 
aquí a la mano", aseguró que del total de 
asesinatos sólo el 8 por ciento corresponden a 
mujeres cuyo victimario generalmente es un extraño.
 
"Yo apuntaría que homicidios de mujeres por 
problemas de género estaríamos hablando en 
promedio de un 4 por ciento. En Oaxaca no hay 
feminicidio, que le quieran dar ese carácter es otra cosa", aseveró.
 
En el informe ciudadano "Feminicidio en Oaxaca, 
impunidad y crimen de Estado Contra las mujeres", 
las organizaciones sociales documentaron 600 
asesinatos de mujeres en los últimos diez años.
 
En la conferencia que ofreció como parte de la 
Jornada Oaxaca 2010 Feminicidio, Julia Monárrez 
aclaró que "lo que sucede en Ciudad Juárez ocurre 
en cualquier parte: La gratificación sexual que 
se da el asesino por medio de la muerte".
 
Ella también reconoce que en México matan a más 
hombres que a mujeres, pero la violencia es un 
acto al que recurren  mayoritariamente los 
hombres: "Los victimarios de los hombres son 
hombres y los victimarios de las mujeres también. 
Cuando se asesina a una mujer, no sólo se asesina 
su cuerpo sino limita la libertad de las mujeres: 
cómo se quieren vestir o vivir su sexualidad", concluyó.
 
10/NA/LR/LGL

jueves, 18 de noviembre de 2010

Cerca del 50 por ciento aumentó presupuesto para abatir violencia

Dispondrá SG de fondo por 30 mdp para reparar agravios a DH


Por Gladis Torres Ruiz

México, DF. 17 nov. 10 (CIMAC).- Para 2011 los recursos que ejercerá la Secretaría de Gobernación (SG), para reducir y eliminar la violencia contra las mujeres, será de 110 millones de pesos (mdp), más un fondo de 30 mdp para reparar e indemnizar casos de violaciones a Derechos Humanos (DH), cifra muy superior al presupuesto de los últimos 3 años, sin que hasta el momento se conozca en que se gastaron esos recursos.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), aprobado ayer en lo general y en lo particular, por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, se detalla el presupuesto para abatir la violencia mediante programas a los que desde 2008 se les han asignado recursos, mismos que han sido subejercidos.

En entrevista con Cimacnoticias, Teresa Incháustegui, diputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), señaló que ante el exacerbado contexto de violencia contra las mujeres que priva en el país, las legisladoras etiquetaron recursos para atender el problema.

Precisó que esperan que los recursos se utilicen para la aplicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) para que crear el Fondo Nacional  para la Alerta de Violencia de Género y ésta se aplique de forma inmediata en los estados donde la vida de las mujeres esté en riesgo, así como en la creación del Diagnóstico Nacional sobre todas las Formas de Violencia contra las Mujeres.

Para trabajar en la erradicación de la violencia contra las mexicanas en el Ramo 04 del PEF, se indica que a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) dependiente de la SG, le asignaron 110 mdp para su trabajo de 2011. Para 2010 se le asignaron 65 millones de pesos.

Cabe recordar que en  2008 a la SG, se le asignaron 40 mdp, para crear el Fondo Nacional  para la Alerta de Violencia de Género; el Diagnóstico Nacional sobre Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres y las Niñas entre otras acciones incluidas en la Ley General.

Sin embargo, los recursos no fueron ejercidos. En 2009, Para el mismo Diagnóstico Nacional se destinaron 9 mdp, mismos que serían usados para concluir el Diagnóstico, toda vez que en 2008, según la SG se avanzó la mitad.

En un análisis realizado sobre este tipo de presupuestos la ex diputada federal por Convergencia, Martha Tagle Martínez afirma que pese a la insistencia de las legisladoras de la Comisión de Equidad y Género por conocer el ejercicio del recurso destinado a la SG, la respuesta de sus funcionarios ha sido evasiva.

Cabe recordar que éste año a la Conavim, nuevamente subejerció ocho millones 508 mil pesos, destinados a realizar el Diagnóstico Nacional sobre todas las Formas de Violencia contra las Mujeres, y el Programa integral de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ya que éstos recursos le fueron destinados para realizar ambos proyectos.

Sin embargo, éstos todavía no han sido ejercidos porque, según  refirió la dependencia a la Comisión Especial, el Diagnóstico ya está realizado solamente que se encuentra en manos de la Universidad Nacional Autónoma de México, contratada para dicho fin, y no ha cumplido satisfactoriamente con esta tarea.

PAGOS DE INDEMNIZACIONES

La presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios, Teresa Incháustegui, informó que a fin de dar respuesta a todas las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que requieran de indemnizaciones a víctimas de violaciones de DH se creó un fondo especial.

Este fondo, agregó, es de 30 mdp el cual deberá ser ejercido por la SG, a través de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Los recursos asignados se desglosan en el Anexo 25.1 del Ramo 04.

Cabe destacar que el Estado mexicano tiene pendientes el pago de las indemnizaciones de las tres victimas de feminicidio del caso conocido como “Campo Algodonero”, que forman parte de los resolutivos de la sentencia emitida en diciembre de 2009 por la Corte.

Hasta el momento, los pagos no se han realizado porque las y los funcionarios de la SG, no “sabían a quién le corresponde realizar el pago”, según información difundida este año a las integrantes de la Comisión Especial.

A pesar de ello, la semana pasada durante la vista de las expertas en violencia de género, integrantes de la Misión Internacional: “Por el Acceso a la Justicia para las Mujeres en la Región Mesoamericana”, la dependencia informó que antes de que se cumpla el año de la Sentencia, realizarán el pago de las indemnizaciones a las y los familiares de las víctimas.

10/GTR/LR/LGL
 
http://www.cimacnoticias.com/site/10111706-Cerca-del-50-por-ci.45167.0.html

Feminicidio, los expedientes ocultos tras la guerra contra el narco y la publicidad de Peña Nieto

noviembre 14th, 2010 Posted in Jenaro Villamil
 
Jenaro Villamil

En cualquier país civilizado la cifra de 2 mil 15 homicidios dolosos contra mujeres, la mayoría jóvenes soteras menores de 25 años de edad, entre 2007 y 2009, provocaría una movilización ciudadana digna de atenderse.

Peor aún, ningún político como Enrique Peña Nieto, popular entre el electorado femenino, estaría como puntero para ser candidato presidencial en 2012 si se da a conocer que en su entidad, el Estado de México, se han registrado 556 de esos 2 mil 15 homicidios (más de la cuarta parte), especialmente en las ciudades de Toluca, Naucalpan y Chimalhuacán. Estos tres municipios, junto con Ciudad Juárez, constituyen los epicentros de los crímenes de mujeres más graves.

Esta semana, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios volvió a destacar este drama que ha quedado oculto tras las notas cotidianas sobre las masacres y crímenes producidos en la guerra entre los cárteles de las drogas en México. El feminicidio, junto con el juvenicidio, constituyen los dos rostros más perversos de esta guerra que se ha desatado en todo el territorio mexicano.

En un desplegado periodístico, publicado el viernes 12 de noviembre, la misión internacional observadora del feminicidio que visitó México destacó que Ciudad Juárez sigue siendo, por desgracia, el caso paradigmático de la violencia feminicida. Entre enero de 2008 y marzo de 2010, se alcanzó el mismo nivel de feminicidios acumulados durante 14 años precedentes: 567 casos. En este mismo periodo, los crímenes contra mujeres se incrementaron en el Estado de México, Veracruz y Quintana Roo.

“En México, ante la situación de violencia criminal y en el marco de una virtual guerra contra el narcotráfico que arroja casi 30 mil muertos en los últimos cuatro años, se han invisibilizado los feminicidios que se extienden a más de la mitad de las entidades federativas y se tiende un velo de ignorancia sobre el recrudecimiento de la violencia en contra de las mujeres en todo el país”, advierte el desplegado, firmado por Julia Monárrez Fragoso, investigadora del Colegio de la Frontera Norte, una de las académicas más rigurosas en el seguimiento e investigación de los feminicidios en el país.

La pesadilla de las “muertas de Juárez” –como desgraciadamente se conoce a nivel internacional la serie de crímenes seriales y de odio contra mujeres en la ciudad fronteriza- se ha agravado. Ahora, se ha expandido al Estado de México, a Sinaola y al Distrito Federal, que constituyen las entidades con mayor número de crímenes.

Pero esta realidad no despeina el copete de Peña Nieto ni sensibiliza al gobierno federal de Calderón a crear una fiscalía que investigue auténticamente estos casos y no simplemente actúen como tapaderas o medidas cosméticas, como desgraciadamente ha ocurrido en Ciudad Juárez.

CEDH-Sinaloa acusa a Coppel de “esclavizar” a trabajadores

Demanda a la PGJE investigación transparente sobre la muerte de seis jóvenes en incendio

Reconoce director comercial que las víctimas se encontraban encerradas en la tienda de Culiacán

Los dueños, una de las familias más poderosas del estado; indujeron voto por Calderón en 2006

En el templo de Nuestra Señora de Guadalupe, en Culiacán, Sinaloa, se ofició ayer una misa de cuerpo presente para Claudia Janeth Bernal, una de las seis jóvenes que murieron encerradas en la tienda Coppel que se incendió la noche del martes

Foto Notimex

JAVIER VALDEZ CÁRDENAS
Corresponsal
Periódico La Jornada

Viernes 12 de noviembre de 2010, p. 33

Culiacán, Sin., 11 de noviembre. La empresa Coppel incurre en “esclavismo” al encerrar a sus trabajadores durante las jornadas nocturnas, como ocurrió con las seis empleadas que murieron en el incendio ocurrido en una las tiendas de esa empresa, afirmó Juan José Ríos Estavillo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), instancia que investigará el caso.

Señaló que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y otras autoridades que realicen pesquisas deberán actuar con transparencia para que a la hora de sancionar “no vayan a pesar los apellidos”.

Durante una gira de trabajo por la ciudad de Los Mochis, cabecera municipal de Ahome, donde firmó convenios con organizaciones no gubernamentales, agregó que la ley debe aplicarse por igual a todos, sobre todo si violarla causa muertes.

La familia Coppel, originaria de Culiacán, es una de las más poderosas de Sinaloa y su empresa es de las que tienen mayor presencia en el país. En el estado es público su respaldo económico y “moral” a los candidatos y gobiernos surgidos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En la campaña presidencial de 2006 ordenaron a sus 25 mil empleados rechazar a Andrés Manuel López Obrador y votar por Felipe Calderón, candidato del Partido Acción Nacional (PAN).

“Nuestro México necesita un presidente del primer mundo, moderno, joven, con visión internacional y global, que vea al futuro, no un presidente de país subdesarrollado tipo (Fidel) Castro, de Cuba, o (Hugo) Chávez, de Venezuela, que ven al pasado, como sería el del PRD”, dice la carta enviada en aquel entonces a los trabajadores, firmada por Enrique Coppel Luken, uno de los dueños de la cadena.

Mientras, la Unidad de Protección a Víctimas del Delito de la PGJE comenzó a ofrecer asesoría legal, sicológica y cobertura de gastos funerarios a las familias de las seis jóvenes empleadas de Coppel que murieron asfixiadas en la tienda ubicada en el centro de Culiacán.

Cuando se originó la conflagración, a las 21:50 horas del martes, ellas realizaban un inventario en la planta alta del inmueble, donde puertas y ventanas estaban cerradas con cortinas de acero y candados.
Empleados de la PGJE, que inició hoy una averiguación previa por homicidio, informaron que la dependencia cubrirá los gastos funerarios si la empresa no responde.

Adán López, padre de Ariana López Soto, una de las víctimas, señaló que directivos de Coppel le ofrecieron apoyo, pero advirtió que aun si aceptara no descarta demandar a la compañía por homicidio.

Manuel García Félix, director comercial de Coppel, reconoció que las seis trabajadoras estaban encerradas, pero aseguró que sí había una salida de emergencia. Cada aspecto del incendio, agregó, deberá indagarse y reconstruirse.

Rafael Avante, director general de Inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal, sostuvo que no existe ley que permita a los empresarios privar de la libertad a sus trabajadores, por lo que se sancionará a los responsables en caso de comprobarse que hubo irregularidades.

http://www.jornada.unam.mx/2010/11/12/index.php?section=estados&article=033n1est

viernes, 12 de noviembre de 2010

PLAZA PÚBLICA / Mujeres asesinadas

Reforma

Miguel Ángel Granados Chapa

(12 noviembre 2010).- El martes 9 fueron asesinadas en una colonia pobre de Tampico cinco mujeres: sólo una era adulta, tenía 36 años y era la madre de las otras víctimas, de 14, 7, 4 y un año y medio de edad. Un grupo armado entró en la vivienda de esa familia y la exterminó. Emplearon armas de alto poder, como lo muestran los casquillos percutidos encontrados en el lugar de los acontecimientos.

En otro extremo del país, en Culiacán, esa misma noche otras seis mujeres fueron ultimadas con violencia. Contra ellas no se disparó ninguna bala. Perecieron abrasadas por el fuego, pues se incendió el centro comercial en que trabajaban. A pesar de que estaban vivas cuando llegaron los bomberos, no fue posible rescatarlas porque trabajaban encerradas. Lo hacían de noche, haciendo inventario de la mercancía. Y sus empleadores cerraban por fuera el almacén, bajando las cortinas de acero y poniendo candados exteriores en las puertas.

Quién sabe si las víctimas de Tampico fueron asesinadas por razón de género, es decir si se cometió contra ellas feminicidio, o simplemente se les privó de la vida. Los patrones de las mujeres incineradas en la tienda Coppel quizá logren que alguno de sus empleados de alto nivel sea procesado sólo por homicidio imprudencial, culposo, en vez de que su juicio ponga de manifiesto que al clausurar el establecimiento procedieron con dolo, al sobreponer a la seguridad de las personas la de los bienes con que allí se comerciaba.

Sea como sea, se trata de vidas femeninas cortadas de tajo. Por una siniestra casualidad, o porque la estadística hace inevitable esa coincidencia, las 11 murieron el día en que una Misión Internacional "por el acceso a la justicia para las mujeres" terminó su visita de varias semanas a nuestro país. Las expertas que la integran quedaron horrorizadas por el número de mujeres muertas en general y las que lo son por razones de género, el feminicidio. Más estremecidas quedaron por el entorno en que se maneja ese atroz fenómeno, que durante un tiempo pareció concentrado en Ciudad Juárez pero que hoy sabemos se extiende a todo el país.

Invisibles la mayor parte de las víctimas en la vida cotidiana, es decir marginadas hasta el punto de ser borradas, carentes de identidad y ayunas de derechos, las muertes femeninas tienden a ser también invisibles. Ninguna autoridad tiene noticia precisa sobre el número de mujeres que pierden la vida con violencia, a pesar de que en la Procuraduría General de la República se creó hace años una fiscalía especial para investigar ese género de delitos, tan ineficaz que ni siquiera mantiene un registro sobre los casos. 



El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) documentó con datos oficiales casi dos millares de casos: mil 728 homicidios dolosos contra mujeres en 18 entidades del país, durante los 18 meses transcurridos de enero de 2009 a junio de 2010. La mayor parte de ellos fueron, estrictamente hablando, feminicidios: mil 76. La impunidad, que es la regla en el proceso penal, se acentúa en estos casos, ya que sólo en 40 juicios entre centenares posibles, se ha emitido sentencia.

Además de pasar por alto esos delitos -es decir, ni siquiera registrarlos, ni siquiera acumularlos para que formen parte de una estadística-, los asesinatos de mujeres son investigados a partir de prejuicios. Suele ocurrir que las averiguaciones previas comiencen no por situar a los perpetradores, sino por establecer la conducta de las víctimas, pues de seguro -ésa es la salvaje creencia atrás del hecho- algo estaban haciendo, de alguna manera estaban viviendo esas mujeres, por lo cual las mataron. El detenerse en culpar a las víctimas de su propia muerte, además de abyecto, es comportamiento institucional que milita a favor de los asesinos, pues el paso de las horas y los días sin que les identifique favorece su impunidad.

La misión internacional estuvo en México después de realizar una indagación semejante en Honduras y Nicaragua. Las personas que suelen ver por encima del hombro a los países centroamericanos, como si fuera verdad axiomática que en todo terreno viven peor que nosotros, sabrán que en este campo específico no es así. Es grave allí la violencia contra las mujeres, pero lo es en mayor medida la que se padece en México. 



El combate al feminicidio no tiene lugar en la agenda de la seguridad pública en México, centrada en la lucha contra el narcotráfico y envueltas las víctimas en la información general sobre esa estrategia gubernamental. El 28 de octubre, por ejemplo, a las afueras de Ciudad Juárez fueron acribilladas cinco mujeres, pasajeras en un autobús que conducía personal de empresas maquiladoras. Sin reparar en la posibilidad de que el blanco fueran específicamente mujeres, el caso quedó englobado en la letalidad general de aquella población fronteriza.

Las investigadoras, pertenecientes al Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y al Consejo General de la Abogacía Española, entre otras organizaciones, pidieron a diversas autoridades establecer compromisos en la lucha contra la violencia de género y su práctica extrema, el feminicidio. Pero la hondura de esos compromisos se mide con el del Consejo de la Judicatura Federal, que "dará difusión amplia a la sentencia de Campo Algodonero, emitida contra el Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos". El compromiso debió incluir el cumplimiento de ese fallo y no sólo su difusión, pues en el caso ha habido dilación que dura ya casi un año.

martes, 9 de noviembre de 2010

Misión Internacional por el Acceso a la Justicia para las Mujeres

México, DF, a 8 de noviembre de 2010


visita México

Actuación “insuficiente” del gobierno mexicano en lucha contra violencia de género y feminicidio

No se garantiza a las mujeres su derecho a la vida y no hay acceso a la justicia

Presentarán hoy y mañana situación en Mesoamérica a Procuraduría, CNDH, Seguridad Pública y Gobernación

La actuación del gobierno mexicano en la lucha contra la violencia de género y el feminicidio es “insuficiente”, ya que no garantiza el derecho a la vida de las mujeres y tampoco su acceso a la justicia, prueba de ello, es que en los últimos tres años de los mil 67 asesinatos violentos registrados, sólo 3.7 por ciento de los casos recibieron una sentencia.

Afirmaron lo anterior en conferencia de prensa, integrantes de la Misión Internacional: “Por el Acceso a la Justicia de las Mujeres en la Región Mesoamericana” --académicas, investigadoras, abogadas y activistas— al iniciar su visita a México, que tiene como propósito plantear una agenda mínima a las autoridades mexicanas para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.

En su exposición, Victoria de Pablo, del Consejo General de la Abogacía Española, afirmó esta mañana que “el gobierno mexicano no está suficientemente implicado en la lucha contra la violencia de género y contra el feminicidio; está políticamente desvinculado y oculta esta realidad, lo que permite que miles de mujeres sean asesinadas impunemente en el país cada año”.

Por su parte, Julia Monárrez a nombre de la Misión Internacional, enfatizó que luego de consultar la información oficial y de entrevistarse con las organizaciones y familiares de víctimas de feminicidio, detalló que en México, a diferencia de Nicaragua y Honduras --países que visitaron la semana pasada-- la problemática es “especialmente preocupante”.

Ello, se debe a la “alta militarización, la cual como pretexto de la lucha contra el narcotráfico, ha servido para encubrir el tema del feminicidio”.

Por su parte, Marta Eugenia Solís representante del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito, señaló que el balance de los tres países, México destaca por su incumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.

A diferencia de Nicaragua y Honduras, la impunidad en México también es más alarmante, ya que al contar con una mayor capacidad política y económica se esperaría que el acceso a la justicia fuera mayor, pero no es así, denunció.

De acuerdo con María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), de enero de 2009 a junio de 2010, se registraron mil 728 homicidios dolosos de mujeres en 18 entidades federativas de la República Mexicana, de los cuales sólo 13 estados proporcionaron información suficiente para determinar que existen mil 74 feminicidios y que sólo en 40 casos las autoridades han dictado sentencia. Los estados de Chihuahua y Veracruz no proporcionaron información de ninguna de las variables solicitadas por el observatorio para definir si se trata de este delito los casos registrados en esas entidades.

Del total de asesinatos violentos, informó la coordinadora de la OCNF, sólo en 40 las autoridades han dictado sentencia.

Al respecto, Victoria de Pablo mencionó que tal grado de impunidad es posible por la ausencia de registros globales, la “defectuosa investigación de los hechos” y la criminalización de las víctimas.

“Con el alto nivel de ineficiencia en la investigación y sanción de los crímenes contra las mexicanas, se envía un mensaje de impunidad, pues finalmente el agresor queda libre, éste impacta sobre todo a núcleos rurales, indígenas, generando en las familias de las víctimas sentimientos de impotencia y desamparo, así como desconfianza de las instituciones públicas”, indicó la especialista.

En este escenario, la diputada federal Teresa Incháustegui, presidenta de la Comisión Especial para darle seguimiento al feminicidio en México de la Cámara de Diputados, señaló que la Misión Internacional presentará 10 puntos para que se retomen en todo el país retomados de la sentencia del caso Campo Algodonero, que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) al Estado mexicano, a funcionarias y funcionarios con quienes se entrevistarán los próximos dos días.

Entre las puntualizaciones están el registro homologado y suficiente de las víctimas, para poder identificarlas, también un banco genético que permita reconocer los cuerpos con base en la información genética de las familias.

De igual modo, mencionó la necesidad de establecer un mecanismo inmediato de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas.

Entre los puntos retomados de la sentencia de la CoIDH, emitida el año pasado por el caso de tres de los ocho cuerpos encontrados en el predio Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, también está la creación de protocolos de investigación, así como la capacitación y sensibilización permanente para el personal de justicia.

Otras de las puntualizaciones que presentarán ante las autoridades del país son la tipificación del delito de feminicidio y campañas de respeto a los derechos de las mujeres, con la finalidad de “desmontar esa cultura de maltrato” a las mujeres, señaló Teresa Incháustegui.

La Misión Internacional se reunirá hoy con funcionarios de la Procuraduría General de la República, y mañana martes con representantes del Consejo de la Judicatura Federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Secretaría de Gobernación.

Mayor información:

Heysel Escamilla Alcántara 5510-0085 / Cel: 04455-1358-6884